La Municipalidad tiene la obligación legal de proteger el arbolado urbano. No es una opción discrecional: es un mandato de la propia Ordenanza 6610, que declara de interés público la defensa del patrimonio arbóreo.
Sin embargo, hoy:
❌ No verifica en el terreno lo que las desarrolladoras declaran en los planos. Acepta planimetrías sin control cruzado, aunque existan denuncias formales de irregularidades.
❌ No exige justificación técnica real para autorizar la extracción de árboles añosos, como manda la normativa vigente.
❌ No controla la viabilidad de los trasplantes que autoriza, pese a contar con informes de especialistas que advierten que muchos ejemplares no sobreviven al proceso.
❌ No aplica su propio Código de Ordenamiento Urbano cuando se trata de desarrolladoras: permite densidades y unidades funcionales que exceden lo permitido por zonificación.
❌ No responde los expedientes ciudadanos con fundamento técnico: contesta con respuestas de copy-paste, sin abordar las irregularidades planteadas.
Y mientras tanto en la página web de San Isidro dicen estar trabajando por una ciudad sostenible.
